Durante tres semanas Gladys y Rodman no solo no han podido ver el cadáver de Andreina. Ni siquiera han sabido donde está. “Hemos estado 23 días sin poder darle sepultura a mi hija”, lamenta cabizbaja Gladys. Andreina, solicitante de asilo venezolana de 35 años y madre de dos hijos, ingresó a primeros de diciembre en el Gómez Ulla por un dolor en el pecho. Dos visitas a urgencias y una neumonía diagnosticada después la ingresan el 4 de enero. Será la última vez: tras 24 horas, Andreina fallece en presencia de su madre.
“La agarré de los hombros y dejó de respirar en mis brazos”, recuerda Gladys. Ahí empieza otra fase de la pesadilla, porque no la vuelve a ver se la llevan a firmar unos papeles. “Se aprovecharon de su dolor por la muerte de mi madre para hacerle firmar un documento”, denuncia Rodman, hijo de Andreina.
Y a partir de entonces el silencio. “No sabía ni qué había firmado, tampoco le dieron una copia”, añade Cristina Isacura, abogada de la familia. Hasta cuatro veces fueron desde entonces a reclamar al Servicio de Atención al Paciente.
Por eso han ido a los juzgados para poner una denuncia. Creen que hay una negligencia administrativa. “No verificaron ni siquiera si era su madre, esa es sólo la primera de las irregularidades. No le dieron informes; cuando volvió le dijeron que debía esperar 30 días y mientras no sabían decirle dónde estaba el cuerpo”, explica la abogada.
El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, asegura que se trata de un problema de identificación: “Según nos comunica el hospital es cuestión de que los familiares acrediten su relación con la persona fallecida”, dice.
Haya o no negligencia, dice Rodman, la falta de empatía es lamentable. “Ese día fue mi madre, pero podría pasarle a cualquiera”, dice el joven. Lo más urgente para la familia es poder velar y dar sepultura en condiciones a Andreina.
