Dos de las tres familias okupas de Argandase marchan de la urbanización. Madrid Directo habla con Verónica, una de las personas okupas, quien asegura que se marchan porque se sienten incómodos: “cada vez que salíamos nos gritaban”, afirma.
Verónica nos confirma que la empresa responsable de los pisos le ha entregado 1.000 euros para que abandone la vivienda, aunque ella aclara que se van porque no aguantan la presión de los vecinos.
Ella y su hermana se van de sus respectivas viviendas, pero el tercer piso permanecerá ocupado, sin que Verónica nos haya podido confirmar la intención de sus inquilinos.
El presidente de la comunidad, Máximo García, ha manifestado el temor de los vecinos a que estas ocupaciones produzcan un efecto llamada y que lleguen nuevos ocupas al edificio, ya que hay otros muchos pisos vacíos: "No queremos que la comunidad se convierta en un foco de ocupación", dice el presidente.
Los vecinos del número 29 de la calle San Sebastián, en Arganda del Rey, llevaban denunciando esta situación una semana. Cada día a las 19:30h, se reunían para protestar con una cacerolada frente a las casas de los okupas de su edificio.
Denunciaban que esta Semana Santa tres familias habían okupado las viviendas nuevas, prácticamente sin estrenar, enganchándose a la luz y el agua, y manipulando los contadores del gas.
Las viviendas pertenecen a una inmobiliaria que se las compró a una constructora que quebró. Según afirma Verónica, esta inmobiliaria les habría ofrecido dinero para que se marchasen.
Se trata de una urbanización nuevas, con viviendas de protección oficial y precio libre, que cuentan con zonas comunes, con parque infantil e incluso dos piscinas.
La Comunidad de Madrid encabeza la lista con mayor okupación de España con cerca de 5.000 viviendas okupadas.Usera, Puente de Vallecas y Carabanchelson los distritos más afectados. Los barrios de Chamberí, Salamanca y Retiro los que menos.
¿Qué dice la ley?
El Congreso aprobó en 2018 unamodificación de la Ley de Enjuiciamiento Civilque acelera el proceso para agilizar el fin de una ocupación ilegal de la vivienda. Además de a particulares, afecta a entidades sin ánimo de lucro y entidades públicas propietarias de vivienda social.
Si los ocupantes no pueden justificar que estánlegalmenteen la vivienda o no contestan en un plazo de cinco días, el tribunal ordenará su salida en 20 días.