Bildu acuerda con el Gobierno la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana
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Pondrá fin al uso de pelota de goma y a la imposición de multas por desobediencia o falta de respeto a la autoridad
- La CEP exige la dimisión "inmediata" de Marlaska por el acuerdo para reformar la Ley se Seguridad Ciudadana y el PP asegura que revertirá la reforma si Feijóo gobierna
EH Bildu comparecía este jueves en el Congreso de los Diputados para anunciar que ha alcanzado un acuerdo con el gobierno de Sánchez para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana. Las faltas de respeto a la autoridad e injurias a miembros de las Fuerzas de Seguridad pasan a ser faltas leves, igual que la desobediencia. Los agentes no podrán usar pelotas de goma en los disturbios. La oposición habla de "indecencia", y los sindicatos policiales dicen que se favorece el atentado contra la autoridad.
Bildu ha pactado con el Gobierno de coalición reformar la Ley de Seguridad Ciudadana para acabar con el uso de las actuales pelotas de goma por parte de las Fuerzas de Seguridad, acabar con la "discrecionalidad" en la imposición de sanciones administrativas por faltas de respeto a la autoridad y desobediencia y también presentar en un plazo de seis meses una reforma de la Ley de Extranjería para poner fin a la conocidas como 'devoluciones en caliente' de migrantes en frontera.
Así lo ha anunciado en rueda de prensa la portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, quien ha destacado que esta reforma supondrá "acabar con la 'ley mordaza', como se conoce a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana llevado a cabo en 2015 gracias a la mayoría absoluta del PP.
El nuevo texto legislativo, ha precisado, "recoge todos los acuerdos y avances logrados" entre PSOE, PNV y Unidas Podemos en la anterior legislatura, pero que no contaron con el apoyo de Bildu y ERC porque los consideraban insuficientes. De hecho, el portavoz de Bildu en la Comisión de Interior, Jon Iñarritu, ha destacado que los cuatro puntos pactados ahora con el Gobierno parten de las enmiendas transaccionales que en su día presentaron junto a ERC.
Así, ha señalado que la futura ley pondrá fin a la "discrecionalidad" que ahora existe en las sanciones por faltas de respeto a la autoridad y desobediencia, las que más se imponen desde 2015. "A partir de ahora esas sanciones deberán ser objetivables y justificadas, terminando así con la discrecionalidad o subjetividad en las mismas y protegiendo el derecho a la libre expresión", ha dicho Aizpurua.
En concreto, sólo podrán sancionarse los "insultos o injurias" que no sean delito, pero siempre que sean "expresiones relevantes" y no la mera negativa a cumplir una orden legal. Además, las sanciones por faltas de respeto se cancelarán en caso de que la persona sancionada se retracte y las faltas por desobediencia pasarán de infracción grave a leve.
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La desobediencia sólo será sancionable cuando haya un "negativa expresa a cumplir una orden ajustada a la legalidad" o exista una "resistencia corporal a un mandato de los agentes", siempre que estén ajustados a la normativa.
El pacto de Bildu con el PSOE y Sumar también incluye la sustitución progresiva de las pelotas de goma "por otros medios menos lesivos". En concreto, se ha acordado añadir una disposición adicional nueva sobre la gestión policial y el material antidisturbios.
Respecto a las 'devoluciones en caliente' las tres formaciones han acordado que en el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana se incluya una nueva disposición adicional en la Ley de Extranjería para "garantizar los derechos de las personas migrantes y asegurar que las solicitudes de asilo se tramitarán conforme a lo establecido en la normativa de Derechos Humanos y protección internacional de la que España es parte, con estricto respeto al Derecho Internacional Humanitario". Así, toda persona que esté en territorio español antes de una posible expulsión deberá pasar por los puntos habilitados en frontera para analizar y evaluar si se trata de un posible solicitante de asilo.
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La proposición de ley ya tiene la firma de PSOE, Sumar y Bildu y se va a dar margen al resto de socios del Gobierno por si se quieren unir antes de registrarla. Por lo pronto, tanto ERC como el PNV han avanzado su apoyo. La intención es que en las próximas semanas se pueda debatir su toma en consideración en el Pleno y que esté definitivamente aprobada "antes de final de año", según ha especificado el portavoz adjunto de Sumar, Enrique Santiago, quien ha abogado por una "tramitación exprés".
Junts ha señalado que no se va a adherir al acuerdo entre Bildu y el Gobierno para reformar la Ley de seguridad Ciudadana ya que no ha participado en su negociación. Por ello, anuncia que presentará sus propias enmiendas cuando avance la tramitación. "Desde Junts negociamos, no hacemos adhesiones", ha subrayado la portavoz de la formación independentista, Miriam Nogueras.
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El PNV apoyará en el Congreso el acuerdo, aunque presentará sus propias enmiendas durante su "larga" tramitación parlamentaria para "modular el principio de autoridad", según ha indicado el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban.
La Confederación Española de Policía: "El ministro debe dimitir. Marlaska "ha perdido toda legitimidad"
La Confederación Española de Policía (CEP) reclamó este jueves la dimisión "inmediata" del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Según informó la CEP en un comunicado, el pacto supone "el mayor ataque a la operatividad policial en toda la historia de la democracia española", al incluir medidas como la eliminación del uso de pelotas de goma en la actividad policial.
"El ministro debe dimitir. Debe hacerlo hoy, mejor que mañana", afirmó la CEP, que consideró que Marlaska "ha perdido toda legitimidad" al recortar la protección jurídica de los agentes. El sindicato destacó que en 2023 se produjeron una media de 46 delitos de atentado diarios contra policías y guardias civiles.
La CEP hizo un llamamiento al resto de sindicatos policiales para que cesen "desde hoy mismo cualquier asistencia a reuniones nacionales" con el Ministerio del Interior y declaren un conflicto colectivo. "No podemos dar cobertura a alguien capaz de negociar, por intereses políticos, un deterioro en nuestra seguridad nunca antes visto", concluyó.
En un comunicado, JUPOL asegura que "pone en riesgo la seguridad de los policías y dinamita el principio de autoridad", además de calificar de preocupante que sean los "herederos de ETA los que fijen las líneas de actuación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en materia de seguridad ciudadana y orden público".
El SUP está "frontalmente" en contra de esta reforma que, advierte, "parece redactada contra los policías más que para favorecer el buen desempeño de su función". "No se puede favorecer desde un texto legal la desobediencia y el atentado a los agentes de autoridad cuando lo que perseguimos es reforzar el castigo de estas conductas delictivas", ha indicado el SUP en un comunicado.
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Desde la Guardia Civil, JUCIL ha lamentado que el Gobierno con este acuerdo "arriesga la vida de guardias civiles y policías sólo por el juego político de que Bildu apoye los Presupuestos Generales" y sostiene que, de aprobarse debería denominarse 'Ley de Odio a la Policía y a la Guardia Civil", han apuntado.
AUGC ha afeado el acuerdo con Bildu afeando al Gobierno que "siga utilizando a los guardias civiles como moneda de cambio, dejándoles atados de pies y manos en su trabajo". "Es urgente reforzar el principio de autoridad y realizar las modificaciones necesarias en el Código Penal para endurecer las penas por agresión", ha sostenido.
EL PP DICE QUE FEIJÖO REVERTIRÄ LA REFORMA SI GOBIERNA
El portavoz del PP, Borja Sémper, ha asegurado que la "cesión" del Gobierno de Pedro Sánchez a Bildu con la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como 'Ley Mordaza', evidencia que "la gobernabilidad de España depende, lamentablemente, de Arnaldo Otegi". Tras asegurar que esta reforma "facilita el insulto a los policías", "debilita a la autoridad" y "protege a los violentos", ha avanzado que si Alberto Núñez Feijóo llega al Palacio de la Moncloa "revertirá este despropósito".
Sémper ha afirmado que, "mientras el Gobierno trata de amordazar a los medios" con su plan de regeneración, "facilita el insulto a los policías". "Estamos hablando de una ley que debilita a la autoridad, que protege a los violentos, que legitima a Bildu y que deja indefensas a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado en nuestras calles y en nuestras fronteras", ha manifestado.
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El líder de Vox, Santiago Abascal, acusó a Pedro Sánchez, de haber decidido que sean los “terroristas” los que hagan en España “las leyes policiales y de seguridad”. “Nunca un Gobierno traicionó tanto a la nación”, sostuvo en sus redes sociales a lo que añadió, “ni agua” ni “ningún pacto” con este Ejecutivo que “deja a los pies de los terroristas y delincuentes a las fuerzas de seguridad y a la sociedad española”.
