El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha retirado este viernes el precinto de las obras que la Comunidad de Madrid ha iniciado en La Cantueña para establecer un nuevo centro de acogida de menores extranjeros no acompañados, una vez recibida la notificación del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 24 de Madrid que suspendió de forma cautelar el decreto municipal por el que se paralizaban estos trabajos.
Según fuentes municipales consultadas por Europa Press, el Consistorio da así cumplimiento al auto judicial, que recuerda que no se pronuncia sobre el fondo del decreto de paralización de las obras, y anuncia que presentará alegaciones al recurso del Gobierno regional para "defender" en los tribunales "los derechos de los vecinos y las vecinas", así como por "recuperar el espacio de La Cantueña", sobre el que hay abierto un expediente de reversión, recuerdan.
El Ayuntamiento de Fuenlabrada precintó el pasado miércoles las obras en cumplimiento del decreto municipal, pues considera que la Comunidad de Madrid incumple el convenio de cesión del espacio de La Cantueña al destinarlo a este fin y, por lo tanto, "la ciudad está en su derecho de recuperarlo", subrayó entonces su regidor, Javier Ayala (PSOE).
Después de que ese mismo miércoles el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, acusara al Consistorio fuenlabreño de estar "en rebeldía" por precintar las obras pese al auto judicial --el Ayuntamiento esgrimió entonces que aún no había recibido comunicación del mismo--, las mismas fuentes municipales subrayan que "seguirá estando en rebeldía" contra "la prepotencia mostrada por la Comunidad de Madrid y contra su obsesión por que este macrocentro para menores no acompañados se levante en Fuenlabrada".
Así, insisten en que la decisión del Gobierno regional "no atiende a la necesidad de atender a menores de una manera adecuada", sino que responde solo "a la obsesión de que este equipamiento se construya en Fuenlabrada cueste lo que cueste".
Además, insiste en que el modelo elegido por la Comunidad de Madrid "contraviene las recomendaciones del Consejo de Europa y la propia ley regional de servicios sociales". "Un macrocentro en medio de la nada y rodeada de polígonos industriales y autovías no es manera de atender a menores", concluyen.