La UCO halla irregularidades "sin explicación" en Canarias pero Víctor Torres dice que "no hay investigados"
- Se trataría de cuatro contratos del Servicio Canario de Salud con Soluciones de Gestión por importe de 12,3 millones de euros
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detectó irregularidades "sin explicación" al analizar cuatro contratos del Servicio Canario de Salud con Soluciones de Gestión, la empresa del caso Koldo, por importe de 12,3 millones de euros para adquirir y transportar mascarillas.
Un informe fechado en septiembre de 2022, al que ha tenido acceso EFE, compara los contratos firmados con las entregas y las facturas que se emitieron finalmente y muestra que se renegociaron compensaciones al entregar la empresa mascarillas no aptas, aunque no haya documentación al respecto.
La primera adjudicación que aparece en la web de contratación tiene fecha del 22 de abril de 2020 y consiste en el suministro de 837.300 mascarillas KN95 y 555.000 FFP2 por importe de 2 millones de euros.
Pero ese mismo día la Directora General de Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud formalizó un contrato con la citada empresa para un pedido de 2.750.000 mascarillas FFP2 a 2,5 euros la unidad, es decir, más de 6,8 millones de euros.
Las mascarillas llegaron enseguida, pero 837.800 unidades, valoradas en dos millones de euros, no eran aptas para su uso sanitario como FFP2.
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Como compensación, se acordó que esas mascarillas se valoraran como quirúrgicas al precio de mercado de aquel mes de abril (0,8 euros) y llegar a los dos millones de euros con 555.000 FFP2, un proceso que se completó siete meses después del contrato, a pesar de que éste había sido tramitado como emergencia, advierte la UCO.
Los investigadores subrayan que la documentación aportada no aclara "cómo se pactaron las condiciones de adjudicación del contrato" y advierten de que faltan las comunicaciones entre el órgano de contratación y la empresa "que puedan justificar objetivamente la decisión", o que expliquen cómo se tuvo conocimiento de que Soluciones de Gestión era proveedora de mascarillas.
El segundo contrato analizado también tiene fecha del 22 de abril de 2020 y completaría el primero. Según la UCO, se confeccionaron contratos a posteriori para dar cobertura justificativa a entregas de material que se habían producido previamente, sin que haya documentos que reflejen los acuerdos alcanzados.
"No se puede encontrar explicación al hecho de que en primera instancia se realizara un pedido de 2.500.000 mascarillas a Soluciones por importe de 6.875.000 €, pero finalmente se facturasen 3.302.30011 mascarillas por un importe de 6.870.518,50 € sin que haya documentación que justifique que se hubiera entregado esa diferencia (802.500 unidades) por parte de SOLUCIONES o que se hubiera producido un cambio en el acuerdo inicial".
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El tercer contrato, del 4 de mayo, fue para comprar 2 millones de mascarillas FFP25 por 5 millones de euros. Llegaron el mismo mes, pero una de los modelos era "no apto", por lo que tendría que haberse dado una compensación.
También se firmó con Soluciones de Gestión un contrato por 417.814 euros para el transporte de las mercancías.
Y de nuevo los investigadores señalan que se desconoce cómo se pactaron las condiciones de ese contrato o si fue correcto desligar el trasporte del suministro de las mascarillas, "sabiendo que Soluciones no es una empresa que se dedique al transporte de mercancías".
"NO HAY NINGUNA PERSONA INVESTIGADA, NI DETENIDA", ASEGURA EL EXPRESIDENTE CANARIO
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Angel Víctor Torres, ha vuelto a negar que mantuviera conversaciones con José Luis Abalos ni con Koldo García para adquirir mascarillas, cuando era el presidente de Canarias, y ha asegurado que "no hay ninguna persona investigada ni detenida" en esa Comunidad Autónoma por el cobro de comisiones ilegales en la compra de mascarillas.
El ministro de Política Territorial ha manifestado que, si "ha habido alguien que se ha lucrado de manera ilegal del erario público, hay que perseguirle con todas las fuerzas". "Ahí tenemos que ser todos una piña, para perseguir al que se ha lucrado y no a los que han sido o han podido ser afectados", ha añadido.
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"El Gobierno colaboró con las pesquisas y, lógicamente, la investigación judicial. En ese sentido, como he dicho de manera clara, absoluta transparencia y aclaración de las dudas que puedan existir. En el caso de Canarias, el material llegó y se pagó posteriormente. Ahí están todos los informes técnicos que sean precisos trasladar. Forma parte de una investigación judicial, en la que, repito, tenemos que colaborar todos", ha manifestado.
Torres ha explicado que hay una comisión de investigación parlamentaria para investigar todas las compras realizadas en la pandemia. "Ya hemos anunciado y presentado que en el Congreso se investigue por parte de los grupos políticos en esa comisión de investigación todas las compras que se realizaron durante la pandemia, porque yo creo que es importante". En este sentido, ha lamentado que "el Partido Popular vote en contra", cuando la ciudadanía debe conocer todo y con todo el rigor".
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El ministro ha explicado que se trataba de "una época tremendamente difícil" para "intentar salvar vidas". "Estábamos desbordados. Había conferencias de presidentes todos los domingos con el Gobierno de España, en las que nos pedíamos unos a otros cómo podíamos traer el material. La situación era tremendamente difícil", ha reiterado. "En esos días llegaban propuestas de todos los sitios, de empresarios, de compañeros, de representantes de otras fuerzas políticas, y esas propuestas llegaban al director del Servicio, quien las emitía a los servicios autónomos, las compartían y valoraban", ha expresado.
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El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática ha reclamado "la colaboración de todos", para esclarecer lo ocurrido y "perseguir a quien ha realizado actuaciones ilícitas", para "lucrarse, de manera ilegal del erario público".
