El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, y la concejala de Arganzuela, Cayetana Hernández de la Riva, conocieron este miércoles a algunos de los participantes que, en vez de pagar económicamente una multa, usan escoba y cepillo en beneficio de la comunidad.
Así se consigue que reduzcan las consecuencias gravosas de esa infracción, conozcan la norma y respeten la labor de los servicios de limpieza de la capital.
Cuando el Ayuntamiento de Madrid sanciona por una infracción en materia de limpieza busca la conciencia y respeto del espacio público. Hace unos años se puso en marcha el programa de Prestación Ambiental Sustitutoria (PAS), en el que han participado 1.975 personas durante este último periodo, 2019-2021. La iniciativa seguirá en marcha los próximos tres años con un nuevo contrato al que se destina un presupuesto de 670.000 euros.
Tras finalizar los trabajos que sustituyen a la multa, los participantes responden a un cuestionario de satisfacción.
El 96% se muestra satisfecho con el programa en general y el 91% valora de forma muy satisfactoria la existencia del protocolo. Dicen estar muy satisfechos (77%) con la información inicial y entrevista previa, así como con la atención recibida por parte del equipo técnico, cuya profesionalidad la destaca el 92%.
El número total de participantes en este periodo ha sido de 1.975, lo que implica un incremento del 63% y, entre todos ellos, han ejecutado 40.314 horas en servicios de limpieza en la vía pública (1.837 horas) o en sesiones socioeducativas (138), en función de la situación singular del participante.
No obstante, 30 personas optaron por abandonar el programa y abonar económicamente la multa con un 20% de reducción por reconocer la responsabilidad en la infracción.
Perfil del infractor
Del total de participantes de esta edición, 1.666 (84%) eran hombres frente a un 16% mujeres (309). Casi un 70% (67%) tienen entre 18 y 29 años; el 15% es mayor de 40 años y el 16% tiene entre 30 y 39 años. Más del 95% reside en la Comunidad de Madrid, siendo nueve de cada diez de nacionalidad española, mientras que el 10% restante procede de 31 nacionalidades diferentes.
Casi la mitad (44%) tiene o cursa estudios universitarios. Solo un 4% carece de estudios primarios y el resto cuenta con estudios secundarios y medios.
El 83% de los participantes, casi 800, ha realizado la prestación para sustituir la multa por orinar en la vía pública; el 5% representa el colectivo que no recicla los residuos bien y el 6% ha conmutado una multa por residuos derivados del botellón.