El Congreso avala a los magistrados del Tribunal Constitucional con varios diputados díscolos

Los cuatro candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional pactados por el PSOE y el PP han logrado este jueves el apoyo de los tres quintos del Congreso que exige la Constitución, con varios diputados díscolos en la izquierda por su rechazo a Enrique Arnaldo.

Ha sido este jurista propuesto por el PP quien menos votos ha reunido -232-, seguido de la otra candidata de los populares, la magistrada Concepción Espejel (237), y de los dos nombres planteados por los socialistas, los magistrados Inmaculada Montalbán y Ramón Sáez, que han reunido 240 votos.

Hasta once diputados han incumplido la disciplina de voto. El PSOE sólo ha reconocido que tres de sus diputados no apoyaron este jueves en el Congreso a los candidatos pactados con el PP para renovar el Tribunal Constitucional, pero asegura que el exministro José Luis Abalos y otro parlamentario lo hicieron por error y que sólo el voto Odón Elorza ha sido una indisciplina voluntaria.

Varios portavoces han criticado a Unidas Podemos por unir su voto al tradicional reparto de cargos del bipartidismo y formaciones aliadas del Gobierno en el Parlamento, como ERC, el PNV, EH-Bildu o BNG, han decidido no participar en la votación como signo de protesta, opción que también ha elegido Vox y Ciudadanos.

Posteriormente el pleno del Tribunal Constitucional también ha avalado este jueves, con nueve votos a favor y uno en contra, el nombramiento de los cuatro candidatos a magistrados.

Los magistrados del tribunal de garantías se han reunido en la tarde de este jueves en un pleno extraordinario para verificar los nombramientos de Arnaldo, Concepción Espejel (propuestos por el PP), Inmaculada Montalván y Ramón Sáez Valcárcel, nombres planteados por los socialistas.

Los cuatro candidatos han obtenido nueve votos a favor y uno en contra de un mismo magistrado del pleno en una votación que ha sido secreta, según informan a Efe fuentes jurídicas.

Estas fuentes precisan que se trata de un trámite previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que establece que el pleno debe verificar si los candidatos "reúnen los requisitos requeridos por la Constitución y la presente ley".