La nueva ley de la Ciencia aseguran, desde el Gobierno, 'repara fallos' del pasado y responde a las principales demandas de científicos e investigadores.
Para frenar la precariedad, establece, entre otras medidas, la creación de un contrato indefinido que no necesitará autorización previa y un itinerario profesional encaminado a construir una carrera investigadora estable.
Como novedad, se reconocerán los méritos de la actividad investigadora realizada tanto en España como en el extranjero en el sector público y en las universidades.
Por primera vez, también, se reconoce al personal investigador sanitario y se plantea la creación de categorías estatutarias para ellos. Un avance, nos dicen los investigadores hospitalarios, aunque se podría avanzar aún más.
En cuanto a la financiación fijada por la ley, las sociedades científicas la consideran insuficiente. Para converger con Europa el Gobierno se marca el objetivo de alcanzar una inversión pública del 1,25 % del PIB en 2030. El actual está por debajo del 0,60%.
La nueva ley contempla además una reducción de la burocracia y el refuerzo de la transferencia de conocimiento y la igualdad de género.