Ciudadanos y Vox han abandonado este martes el pleno del Ayuntamiento de Madrid antes de la votación de una moción de urgencia presentada por el PSOE para condenar las cartas con amenazas y balas que han recibido el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska; el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias; y la directora de la Guardia Civil, María Gámez.
PP, Ciudadanos y Vox han criticado duramente que la moción se haya presentado el mismo día en que PSOE y Más Madrid no han apoyado dos iniciativas también relacionadas con violencia y partidos políticos, una de Vox sustentada en el mitin del partido en Vallecas el pasado 7 de abril y otra de Cs sobre "escraches" como el que la vicealcaldesa, Begoña Villacís, sufrió cuando estaba embarazada durante la campaña electoral de 2019.
Por ello, Ciudadanos y Vox han solicitado la inclusión de enmiendas en la moción del PSOE para añadir sus respectivas iniciativas condenando los citados hechos, y al no haber sido aceptadas, los miembros de ambos partidos han abandonado el salón de plenos.
No lo ha hecho el PP, que ha apoyado la moción con PSOE y Más Madrid, partido que también ha presentado una enmienda para extender la condena a las amenazas recibidas por la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, que en este caso sí ha sido aceptada.
"Siempre hemos condenado toda la violencia (...) pero no hoy, cada vez que se ha producido", ha alegado la socialista Mar Espinar, quien ha señalado que "todos sabemos quién quiere soltarle la correa al pitbull de las amenazas".
Cuca Sánchez (Más Madrid) ha apuntado: "Hemos condenado la violencia y hemos manifestado nuestra posición claramente (...) se retuercen los textos, pero hemos sido claros". Cuando Villacís se ha levantado para irse del hemiciclo, arrastrando consigo al resto de concejales de Ciudadanos y luego también a los de Vox, Espinar le ha espetado: "Espero que de verdad consiga el titular que está buscando, porque de verdad que se lo está currando".
Concluida la votación y, con ella, la sesión plenaria, el PP, Cs y Vox han comparecido sucesivamente ante los medios para trasladar la misma idea: que la izquierda y en concreto el PSOE "han traspasado una línea roja".
El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, nunca pensó "que un partido como el PSOE pudiera no condenar la violencia política contra el adversario", en lo que considera una consecuencia de "la deriva del sanchismo" al asociarse con Pablo Iglesias, que "ha hecho del odio y de la confrontación el ADN de su vida política". Para Almeida la posición del PSOE ha sido la realmente grave, puesto que de Más Madrid "ya sabíamos que estaban dispuestos a condenar selectivamente la violencia".
Begoña Villacís ha anunciado que para ella ahora mismo hay "una sociedad de bandos", separada entre "los que quieren confrontar y los que no", y ha ubicado a Ciudadanos en la segunda facción, "impidiendo que se rompa" la convivencia."Madrid no es un Madrid que esté lleno de fachas ni de feminazis ni de machirulos", ha dicho Villacís, sino un lugar donde "nos sentamos a tomar cañas con independencia de nuestro lugar de procedencia", ha apostillado.
El portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, ha declarado que la izquierda "se ha quitado la careta" al dejar claro que "entienden que la violencia es un arma política" y responsabilizar a su partido de la misma, y ha añadido que partidos como el PSOE y Más Madrid suponen "un peligro".
Tras las comparecencias de estos tres partidos, Espinar ha afirmado que "todos han mentido". "Que no confundan no apoyar una proposición, o votar en contra de una proposición, con no condenar la violencia", ha sentenciado.
La iniciativa de Vox pedía condenar a "los grupos violentos y personajes públicos que alientan los llamamientos" contra partidos" y a quienes adopten una actitud "equidistante entre agresores y agredidos", además de instar a depurar responsabilidades en la Delegación del Gobierno y el Ministerio del Interior por los disturbios en el mitin de Vox del 7 de abril.
La iniciativa de Cs pedía condenar el "hostigamiento, acoso o violencia política", y exigía a las formaciones el compromiso de no incluir en sus listas a personas "que hayan participado en escraches" (en alusión a la abogada y activista antidesahucios Alejandra Jacinto, candidata de Unidas Podemos, presente en el citado escrache a Villacís) ni pactar con partidos que lo hagan.