El pleno del Parlamento europeo ha expresado este jueves su "firme condena" de la controvertida ley húngara que discrimina y estigmatiza al colectivo LGTBIQ en el marco de una norma contra la pederastia y la protección del menor, por lo que ha reclamado acciones legales contra el Gobierno de Viktor Orban y asegurar que no se destinan fondos europeos a proyectos que violan los derechos fundamentales.
Los eurodiputados ven en la norma anti LGTBIQ "un ejemplo intencionado y premeditado más del desmantelamiento gradual de los Derechos fundamentales en Hungría", según el texto adoptado por el pleno reunido en Estrasburgo (Francia), con una amplia mayoría de 459 votos a favor, 147 en contra y 58 abstenciones.
En contra han votado el grupo de Conservadores y Reformistas, incluido Vox, y los ultraderechistas de Identidad y Democracia (ID), mientras que el Partido Popular español se ha abstenido en bloque a excepción de Esteban González Pons, quien ha apoyado la resolución como la mayoría del Partido Popular Europeo.
El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha explicado que la resolución que finalmente se votó "no se refería solo a Hungría". "Originalmente sí, pero parte de la izquierda metió a otros dos países, Croacia y Lituania. Y no es equiparable la situación de Hungría con la de otros países", ha subrayado a continuación.
Martínez-Almeida ha asegurado que el Partido Popular "condena la homofobia pero no es cómplice de la izquierda y su política de señalamiento".
El documento aprobado por la Eurocámara señala la alarma ante prácticas como la modificación de la Constitución para especificar que "la madre es una mujer y el padre es un hombre" o la prohibición de facto del reconocimiento jurídico del género para las personas transgénero e intersexuales.
Por todo ello, los eurodiputados reclaman medidas legales urgentes para proteger los derechos de los europeos en Hungría, incluido la petición de medidas cautelares al Tribunal de Justicia de la UE y la imposición de sanciones si persiste el incumplimiento.
Finalmente, la Eurocámara defiende que la situación en Hungría permite actuar en el marco de la condicionalidad que prevé el presupuesto europeo para congelar fondos en caso de que el país receptor vulnere el Estado de derecho y pone en duda que el plan de recuperación presentado por Budapest para recibir ayudas del fondo postCovid respete las reglas de la UE.
