La vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha avanzado este lunes en el Congreso cambios en la tarifa regulada PVPC para tratar de estabilizar la factura de la luz y ha descartado una intervención pública para fijar precios máximos o mínimos en el mercado mayorista, tal y como le demanda su socio de coalición, Unidas Podemos.
Así, Ribera ha subrayado que existe una "prohibición expresa" en el derecho comunitario para fijar precios en los mercados mayoristas, establecer precios máximos o mínimos y también la obligación de aplicar precios marginales. "Este Gobierno jamás va a impulsar la adopción de medidas que sepamos de antemano que son frontalmente contrarias al derecho comunitario", ha zanjado la vicepresidenta tercera, que cree que "eso es lo peor que se puede hacer".
En todo caso, ha asegurado que el Gobierno dará "batalla política" en Bruselas para lograr mecanismos con los que rebajar la factura de electricidad a los consumidores, aun a costa de los beneficios de las compañías.
Respecto a los cambios en la tarifa regulada, ha apostado por reducir su "dependencia de un mercado volátil como el mayorista" y, para ello, ir "integrando cestas de indicadores más estables" con el fin de propiciar "horquillas de precios más estables, menos volátiles". "Estamos abiertos a hacerlo", ha dicho.
En todo caso, ha señalado que la tarifa regulada PVPC sigue siendo una opción más barata que las del mercado libre --un 20% más barata, ha dicho--, pese a que la evolución del mercado mayorista la ha encarecido un 6,9% en la primera mitad de año y, por contra, el mercado libre ha caído en este período un 4,6%.
Según los datos ofrecidos por la vicepresidenta tercera, el promedio pagado por un consumidor de tarifa regulada fue en 2018 de 598 euros; 562 euros en 2019; 512 en 2020 y, revirtiendo esta tendencia descendente, se proyecta un precio récord de 644 euros para este año, lo que supone una electricidad 25% más cara respecto al año anterior.
Sin embargo, ese aumento, ha reflexionado la vicepresidenta, no es equivalente al del mercado mayorista, cuyo precio medio se ha triplicado respecto a 2020, o la evolución de factores como el coste del gas natural, disparado al multiplicarse por 5,5 su precio en un año, o los derechos de emisión de CO2, que son el doble ahora respecto a 2020.