Desde este viernes 1 de diciembre, las empresas con más de 50 trabajadores tienen que tener por ley un canal de denuncias interno para detectar posibles casos de corrupción, pero para las empresas es un sobrecoste que puede alcanzar los 16.000 euros. Gasto obligatorio, por el que, denuncian, no se pueden deducir nada.
Después de unos años tan complicados económicamente hablando, Víctor se ha encontrado con un gasto inesperado. Implantar en su empresa un canal anónimo de denuncias interno. Cada vez mas cargan con más gastos, y es difícil de gestionar.
Dirige desde hace 14 años una compañía de selección de personal con 124 trabajadores. Pese a lo elevado de la inversión no recibirá ningún tipo de ayuda de dinero público.
Unos 16.000 euros más un coste de mantenimiento que rondará los 800 o mil euros al año.
En el despacho de abogados de Rafael se han gastado alrededor de 7.000. Están obligadas a poner en marcha este servicio todas las empresas públicas y privadas con más de 50 trabajadores. Ellos son 110.
Otro impuesto más, en este caso indirecto. Una nueva exigencia para las empresas.
Rafael asesora a compañías que tienen que habilitar este canal de denuncias. El objetivo es detectar posibles casos de corrupción o irregularidades desde dentro.
Desde junio ya era obligatorio para las de más de 250 trabajadores y todos los partidos políticos, agentes sociales y fundaciones. Además deben designar un gestor y un responsable del canal. Iris va ejercer esta función en Boycor. Son meses de formación.
Las empresas se enfrentan a sanciones de hasta un millón de euros en los casos más graves si no tienen activo este canal desde el pasado día 1 de diciembre.