El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha decretado el secreto por un mes de la causa abierta por el presunto espionaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra de Defensa, Margarita Robles, a través de sus teléfonos móviles con Pegasus. Ha ofrecido a ambos personarse como perjudicados, tal y como había solicitado el Ministerio Fiscal.
El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 explica en el auto que la declaración del secreto tiene por objeto "prevenir una situación que pueda comprometer de forma grave el resultado de la investigación".
El objetivo es “impedir interferencias o manipulaciones dirigidas a obstaculizar la investigación y frustrar sus objetivos”, expone.
Calama recuerda que el resultado de las diligencias que se practiquen durante este periodo de secreto “podrá ser conocido posteriormente, evitando así cualquier merma del derecho de defensa”.