La principal preocupación actual de miles de transportistas es trabajar a pérdidas. Para evitarlo, reclaman mayor control sobre el cumplimiento de las leyes de costes y de carga y descarga, extender su cobertura y mayor validez a las denuncias, entre otras peticiones.
Piden al Gobierno que garantice la colaboración con la Guardia Civil para velar por el cumplimiento de la ley de costes y también con Policía Local e Inspección de Transporte para la ley de carga y descarga.
En cuanto a la ley de costes, "para garantizar que se trabaja por un precio justo", exigen que se extienda la cobertura de la ley a todo tipo de transporte por carretera, incluyendo el furgonetero, ligero, pesado y de áridos.
Al mismo tiempo, piden que se adjunten las mismas partidas para todo tipo de transporte en el cálculo de los costes, incluyendo gastos de amortización, financiación y seguros del vehículo, el personal de conducción, los costes fiscales, el combustible, las dietas, el mantenimiento y las reparaciones o los peajes.
El portavoz de Plataforma Nacional de Defensa del Transporte, Germán Martínez, ha declarado que "la ministra de Transporte no ha movido ni un dedo por nosotros y ahora nos pide responsabilidad, cuando es ella la que tiene las herramientas y las soluciones para el sector".
Desde la Plataforma denuncian que "la ley lleva aprobada meses y la están incumpliendo sin consecuencias". "Yo soy el portavoz en Extremadura y allí las soluciones se están aplicando, ¿por qué no las aplica la ministra a nivel nacional?"
Germán Martínez señala que "solo pedimos que se cumpla la ley porque nos estamos arruinando y arrastrando a nuestras familias al abismo".
Además, los transportistas en huelga piden que se prohíba cargar y descargar a los conductores porque "no es su función", y que se fije como máximo una hora de espera para esas cargas y descargas porque pierden dinero si la otra parte no es puntual.
"Los demás sectores como el primario y el de comercio dependen de nosotros y nos muestran su apoyo porque garantizamos servicios mínimos", expresa Martínez. "Solo somos personas y trabajadores que queremos ganar dignamente".
Las reclamaciones incluyen una mejora de su jubilación, con la posibilidad de jubilación a los 60 y anticipada desde los 58. Exigen controles a la competencia desleal de empresas extranjeras que operan en España sin seguir los precios del país.