Dos altos cargos de Ceuta tendrán que declarar el próximo 1 de septiembre por la devolución de 55 menores tutelados a Marruecos hace un año.
La delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, y la vicepresidenta primera del Ejecutivo de la ciudad autónoma, María Isabel Deu, están imputadas por un delito de prevaricación continuada porque, a juicio de la Fiscalía, la expulsión se hizo sin ajustarse a la legalidad.
Los 55 menores extranjeros no acompañados de nacionalidad marroquí fueron devueltos a su país desde Ceuta entre el 13 y el 16 de agosto del año pasado.
Cinco de ellos están de nuevo bajo la tutela de la ciudad autónoma tras conseguir acceder de nuevo irregularmente a nado a territorio español.
Fuentes jurídicas han indicado que los jóvenes no tienen ningún privilegio por las sentencias de primera y segunda instancia que han concluido que la actuación de las dos instituciones al devolverlos a su país fue "exenta de las mínimas garantías procedimentales exigibles" y "conjuró una situación objetiva de riesgo relevante para la integridad física o moral de los menores".
Los veredictos impusieron a la Administración General del Estado la obligación de "adoptar las medidas necesarias" para conseguir "el retorno de los menores de edad que fueron efectivamente repatriados", algo que la Delegación, que ya ha recurrido al Supremo, como la Ciudad, advirtió que no acataría mientras el fallo no fuese firme.