Lola Rodríguez es víctima de un fenómeno de ocupación creciente en Madrid: la 'inquiocupación', inquilinos que entraron con contrato legal, luego dejan de pagar y no abandonan la vivienda. Lola tuvo que irse a casa de sus padres para cuidarles y puso su vivienda en alquiler. Ahora, han pasado dos años y tiene una deuda de 18.000 euros porque sus inquilinos no le pagan.
Ella misma ha sido declarada vulnerable por el Ayuntamiento de Móstoles, pero "prima la vulnerabilidad de los inquilinos porque no tienen alternativa habitacional", explica, "y yo estoy en casa de mi madre y no puedo entrar en mi casa, que es mía".
Los inquilinos pagaron hasta la primavera de 2019 y, después de varios impagos, Lola les llevó a un juicio que se retrasó por la pandemia. En 2021, la justicia dio la razón a la propietaria, pero finalmente no se les obligó a abandonar el piso porque "tras posponerlo varios meses fueron declarados vulnerables".
Lola tiene "sentencias favorables" y una "situación de vulnerabilidad", pero no sabe cuándo podrá recuperar su vivienda: "Me toca seguir luchando, hasta poder recuperar lo que es mío".
Denuncia que sigue pagando los gastos de la vivienda y que "el escudo social del Gobierno ha facilitado que familias vulnerables y falsas vulnerables puedan acogerse a él y llegar a situaciones como la mía". "Ellos tienen ayudas del Estado y del Ayuntamiento de Móstoles", dice Lola.
La Plataforma de Afectados por la Ocupación ha convocado una cacerolada frente al Ayuntamiento de Móstoles para pedir soluciones ante el aumento de casos de 'inquiocupación', como el de Lola.