Eva, propietaria de una vivienda en plena Puerta del Sol, lleva más de tres años luchando por echar a los inquiokupas a los que alquiló el piso en 2019. No pagaron lo acordado desde noviembre de 2020 e ingresaron en prisión por tráfico de drogas, pero, aún así, Eva y su madre no pudieron acceder a la vivienda.
La sentencia dio la razón a las propietarias el pasado mes de septiembre y los inquiokupas fueron condenados a pagar 24.000 euros por las rentras atrasadas, pero "esa cantidad no contempla los destrozos", lamenta Eva. Por ahora, han gastado 3.000 euros en arreglar desperfectos varios.
"Nosotras vivimos de este alquiler y mi madre es pensionista, solo pedimos la devolución de la vivienda", explica Eva, "y los okupas ya están presos, no entiendo por qué no tenemos acceso a la casa". Durante estos dos años "ambos inquiokupas han estado en prisión y yo no he tenido permiso para entrar en mi casa", señala.
Después del juicio, Eva descubrió que estaban intentando entrar de nuevo: "Yo llamé a la Policía porque el portero del edificio me avisó de que una persona venía con colchones y amigos a entrar en mi piso".
Antes de recuperar las llaves, Eva vivió un segundo capítulo de su "pesadilla" con los inquiokupas cuando una de las hijas de ambos intentó volver a ocupar el piso. "Vino alegando que ella vivía aquí y que le habían cambiado la cerradura", explica Eva. En ese momento, la Policía intervino y Eva recuperó sus llaves y una casa destrozada que, según denuncia, "usaban como narcopiso".