Unos 200 inspectores de Hacienda del Estado se han manifestado por primera vez en su historia este miércoles ante la puerta del Ministerio de Hacienda y Función Pública para protestar contra el acuerdo alcanzado entre algunas organizaciones sindicales y Función Pública para flexibilizar las pruebas de acceso de promoción interna.
El presidente y la vicepresidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda, Ransés Pérez Boga y Ana de la Herrán, respectivamente, han hecho entrega en el Ministerio de Hacienda las 1.500 firmas recabadas entre el colectivo de inspectores de Hacienda del Estado -el 75% del tota, expresando su total oposición a unos cambios que, según advierten, van a suponer "el destrozo de la Administración Pública y la muerte de una Función Pública".
Se plantan ante el nuevo sistema de promoción interna e inician una batalla judicial
Además, la asociación ha anunciado que sus servicios jurídicos ya han iniciado los procedimientos necesarios para interponer un recurso judicial -que pretenden presentar este mismo viernes--contra el acuerdo alcanzado entre los sindicatos CSIF, Comisiones Obreras y UGT y Función Pública, al considerarlo lesivo para el Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado y para la Administración y el Estado de Derecho y contrario a la Constitución.
El acuerdo entre Función Pública y los sindicatos, firmado el pasado mes de noviembre, implica que los exámenes para la promoción interna serán tipo test, se acumularán los ejercicios en una única prueba y habrá menos temario "para evitar que las plazas se queden sin cubrir", según esgrimían los firmantes.
La Asociación de Inspectores ha denunciado que no se han tenido en cuenta las propuestas de los inspectores para llevar a cabo esta reforma del sistema y consideran que el acuerdo supondrá una merma sustancial en la preparación de los futuros funcionarios públicos y la introducción de "criterios discrecionales y de subjetividad" a la hora de su evaluación.
Además, los inspectores creen que la reforma de las oposiciones tal como se ha planteado es una "falta de respeto y una injusticia" para los candidatos preparados y supone un perjuicio para los servicios públicos que se ofrecen a los ciudadanos.
Por ello, han insistido a la ministra de Hacienda y Función Pública a que inicie un diálogo con ellos y todos los implicados, y, de momento, los inspectores de Hacienda no se están planteando ir a la huelga.
