La Guardia Civil y la Policía Nacional han tenido que asumir de urgencia la vigilancia exterior de las cárceles madrileñas, ya que la última empresa de seguridad privada, el grupo 'Ombuds', quebró.
El Ministerio del Interior señala que esta situación es algo temporal y excepcional, hasta que se elabore el pliego del nuevo concurso de seguridad privada.
Más de 250 vigilantes privados de 15 cárceles de Extremadura, Madrid y Castilla-La Mancha se han quedado sin trabajo por el quiebre de 'Ombuds'.
Los sindicatos piden al Ministerio del Interior que la nueva empresa subrogue a los vigilantes despedidos, que cumpla con las normas de contratación pública y no tire los precios.
