El primer día de aplicación de las nuevas medidas de ahorro energético en establecimientos comerciales, empresas y otros espacios públicos transcurre este miércoles con normalidad en pleno aluvión de críticas de varias comunidades autónomas, que adoptan la norma pero no la comparten.
Las compañías consultadas ya cumplen con la obligación de limitar el termostato y apagar escaparates desde las diez de la noche, si bien el pequeño comercio, más crítico especialmente en Madrid, continúa adaptándose a un cambio que prevé que tenga un coste económico.
"Apagar los escaparates deja una calle súper oscura, no me van a ver el género", explica a Efe Jesús, encargado de una zapatería de la capital.
Mención especial dedica al deber de disponer de un sistema de cierre de puertas para locales climatizados, para el que los establecimientos cuentan con más tiempo de preparación, hasta el próximo 30 de septiembre.
"Podemos poner puertas automáticas, pero tenemos un paso de gente muy grande. No van a estar cerradas nunca", advierte Jesús, que ha pedido presupuesto para su instalación: "son casi 10.000 euros. No sé si podremos cumplir el plazo porque los fabricantes ya tienen muchísimos problemas para suministrarlas".
Sus argumentos son aplicables a las 400.000 micropymes y pymes a las que representa la Confederación Española del Comercio (CEC), que entiende que el Gobierno debería haber contado con sus aportaciones.
"El sector empresarial está dispuesto a seguir contribuyendo al impulso que necesita la economía de España, pero para eso necesita un marco estable y apoyos claros por parte de la Administración", reclama la patronal CEOE.
En líneas generales, el comercio de proximidad muestra su preocupación por los castigos ante un eventual incumplimiento del plan de ahorro del Ejecutivo, y admite su miedo a las multas. El régimen sancionador se remite a la Ley de Industria de 1992, que establece multas de entre 60.000 euros y 100 millones de euros dependiendo de la gravedad de la infracción.
En medio de la inquietud por las medidas, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, salió al paso este martes y dijo que habría que "dar un margen" a los propietarios para que sigan la normativa.
Más tranquilas han amanecido las grandes superficies que, debido a su músculo empresarial, encaran con otro ánimo la implantación de estas iniciativas, con vigencia hasta el 1 de noviembre de 2023.
La Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (AECC) apunta que el sector "lleva mucho tiempo invirtiendo en la mejora de las instalaciones y en la aplicación de políticas de sostenibilidad".
"Se está trabajando en potenciar la luz natural, la iluminación eficiente, el uso de energías renovables o la optimización del uso de agua", añade AECC, consciente de la "necesidad" de aplicar medidas acordes con el planteamiento de Bruselas para garantizar el suministro energético este invierno.
Por su parte, la hostelería ha afrontado las medidas de forma "generalizada y masivamente", según el presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel, que ve "flexible" un decreto que permite hacer excepciones por las características de la actividad o la seguridad de los trabajadores.
El límite al termostato para que no quede por debajo de 27 grados en verano ni supere los 19 en invierno se aplica en edificios y locales de uso administrativo, comercial, cultural, estaciones y aeropuertos, pero no en centros sanitarios o de formación, peluquerías, gimnasios y medios de transporte en sí.
En las últimas horas, grandes empresas, como las principales entidades bancarias de España, han implantado el plan, que completa a otros proyectos en marcha.
BBVA ha realizado los "ajustes pertinentes", en tanto que en el Santander las puertas de acceso permanecerán cerradas durante el horario laboral salvo para la entrada de personal y clientes, o tareas de limpieza y mantenimiento.
Además, apagará los rótulos luminosos a partir de las 22.00 horas, y rótulos, banderolas y televisiones en las oficinas; los cajeros sí estarán iluminados. Una operativa parecida a la de CaixaBank, que informará a los clientes sobre la aplicación de las medidas con carteles, y mantendrá su política de vestimenta, que permite flexibilidad en el uso de traje y corbata.
Desde la noche se han sucedido las instantáneas de edificios históricos apagados, como el Palacio Real de Madrid o la Catedral de Lugo.
Por el contrario, la Catedral de Santiago, entre otros sitios, seguirá encendida porque "el Ministerio aclaró que la iluminación exterior de los monumentos no se tiene que apagar", avanzó el alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, en alusión la excepción del decreto para la iluminación ornamental de estos espacios.
Desde el sector hostelero, el director de Paradores Alcalá de Henares, Pedro Soria, ha explicado a Efe que se venía implementado medidas de ahorro energético en las instalaciones como la automatización y sistema de cierre de las puertas, la disposición de luces regulable en las habitaciones o de un sistema que apaga la climatización de las estancias en cuanto se detecta que hay ventanas abiertas, todo ello para "no derrochar energía".
Estas acciones, que se suman ahora al real decreto ley que limita las zonas comunes a 27 grados, entre otras medidas, Soria las considera "solidarias", por lo que no cree que vayan en detrimento de las reservas o que provoque quejas por parte de los clientes.
Ante este panorama, las comunidades han manifestado que acatarán las medidas pese a no compartir "ni el fondo ni las formas", en el caso de Andalucía, o de avisar de sus "repercusiones negativas", como ha hecho la Comunidad de Madrid, que recurrirá el plan.
La Comunidad Valenciana ha pedido que se consideren las especificidades de los destinos turísticos y los sectores, mientras que Santa Cruz de Tenerife, como entidad local, entiende que Moncloa no ha tenido en cuenta las "particularidades de Canarias".