Carmena buscará anular la venta de 1.800 viviendas a Fidere tras la condena a Ana Botella
El Ayuntamiento de Madrid ha valorado la condena del Tribunal de Cuentas a la exalcaldesa de Madrid Ana Botella y a seis de sus ediles a abonar 22,7 millones de euros por vender en 2013 dieciocho promociones de vivienda pública al fondo de inversión Fidere por debajo del precio contable y de mercado. "La sentencia tiene fecha del 27 de diciembre, no es una inocentada como alguien está diciendo", ha dicho el Ayuntamiento de Manuela Carmena.
"La sentencia tiene fecha del 27 de diciembre, no es una inocentada como alguien está diciendo"
La presidenta de la EMVS y alcaldesa de Madrid en funciones, Marta Higueras, ha anunciado que el Ayuntamiento va a reiniciar un proceso de nulidad para revertir la compraventa con el objetivo de conseguir que esas viviendas vuelvan a pertenecer a la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS). El procedimiento anterior fue archivado "por el informe preceptivo de la Comunidad, que fue negativo", escenario que ahora cambia con el escrito del Tribunal de Cuentas, entiende Higueras.
El Ayuntamiento ha señalado que se está planteando también presentar un recurso a la sentencia del Tribunal de Cuentas, pues su reclamación hablaba de un daño patrimonial de 127 millones de euros, no en 25 millones como indica el texto del tribunal. Higueras ha estado respaldada en la rueda de prensa por hasta once concejales de Ahora Madrid.
La sentencia indica que el menoscabo total a los fondos públicos asciende a 25,7 millones de euros
El Tribunal de Cuentas considera que el menoscabo total a los fondos públicos provocado por esta operación asciende a 25,7 millones, de los que a los ediles de Botella y la excalcaldesa se les condena a abonar de forma solidaria un máximo de 22,7 millones. En este fallo se condena también a Fermín Oslé Uranga, consejero delegado de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) en 2013, a abonar 3.040.000 euros.
El fallo considera probado que la operación en la que se vendieron 18 promociones de vivienda pública protegida por 128 millones de euros a Fidere, filial de Blackstone en España, se hizo por un procedimiento ilegal al no asegurar la concurrencia, y se cerró por debajo del precio contable de los inmuebles, de 159 millones, y también por debajo del precio del mercado.
